Congresistas y Organizaciones solicitan al Consejo de Estado que evalúe cumplimiento de requisitos ambientales y legales que debe cumplir la empresa Cerrejón

Escrito por gestorMais
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Comunicado a la opinión pública

El 6 de agosto anterior, la sección primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado admitió nuestra demanda de nulidad de la licencia ambiental que le permite a la empresa Carbones del Cerrejón operar en el departamento de La Guajira. La demanda busca frenar los impactos ambientales y sociales que ha tenido la extracción de carbón a cielo abierto para las comunidades aledañas a la mina.

Ante la decisión del Consejo de Estado de estudiar nuestros argumentos, la empresa Carbones del Cerrejón ha respondido desinformando a través de medios locales y nacionales sobre los propósitos y alcances de la demanda, así como sobre las medidas cautelares que allí se solicitan.

Por tal razón, nos permitimos aclarar que:

1. No es cierto que si resuelven las medidas cautelares solicitadas en la acción jurídica se vaya producir el cierre inmediato y total de la mina de carbón, como tampoco causará el despido masivo de trabajadores. Lo que estamos solicitando con la medida cautelar es la suspensión de operaciones aledañas a las comunidades afectadas, y que no se expanda la actividad extractiva, hasta que las autoridades no constaten la protección de los derechos de estas comunidades que están en riesgo, según han determinado la Corte Constitucional y otros tribunales.

2. Con la demanda en su conjunto, lo que solicitamos es que el Consejo de Estado evalúe el cumplimiento riguroso de los requisitos mínimos ambientales y legales que debe cumplir cualquier empresa en Colombia. A la fecha el Cerrejón no cuenta con el estudio de impacto ambiental que cumpla con lo estipulado por Ley y mediante el cual se hayan valorado las nuevas condiciones ambientales en la Guajira.

3. Carbones del Cerrejón está desinformando. La falsa información que circula en el departamento de La Guajira sobre un inminente cierre de la mina, ha generado riesgos para los demandantes, las comunidades aledañas y la economía regional de La Guajira, prácticas que podrían constituir pánico económico.

4. Las comunidades tienen derecho a la justicia; a denunciar los daños ambientales, territoriales, en la salud de los trabajadores y de la niñez en la Guajira ocasionados por el Cerrejón. Estos daños están probados en más de 10 decisiones judiciales desde el año 2002.

5. El Estado es responsable de la enorme dependencia de la economía regional de la industria extractiva de carbón. Alrededor de 250 mil indígenas Wayúu han visto afectados sus modos de vida y actividades económicas, como el comercio y el pastoreo de chivos, y una de las causas es la actividad extractiva de Cerrejón.

6. Los pueblos Wayúu y afro de La Guajira también tienen derecho a que la empresa cumpla con los estándares para su operación, y a que las autoridades ambientales ANLA, Ministerio del Medio Ambiente y Corpoguajira velen por estos derechos. La demanda se dirige también a establecer las obligaciones de las autoridades que han “dejado pasar” esos impactos ambientales y sociales.

7. Será el Consejo de Estado quien deba pronunciarse sobre la falta de cumplimiento de requisitos ambientales documentados en la demanda. Hacemos un llamado a que se respete la independencia de la justicia para que pueda actuar sin presiones ni interferencias.

 

#PorLaVidaEnLaGuajira

Bogotá, 26 de agosto de 2019

 

Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP

CENSAT-Aguaviva

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR

Senadora Aída Avella Esquivel

Senador Feliciano Valencia

Medina Senador Iván Cepeda Castro

 

Con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC

 

 

 

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